Las 15 medidas emblemáticas del Plan de Reconstrucción Nacional

El proyecto elimina el IVA del 19% que hoy se cobra en la primera compraventa de una vivienda nueva, con tope de 4.000 UF de precio base (sin IVA).

La duración y las fechas exactas están pendientes del texto legal que ingresará al Congreso. El Ejecutivo ha mencionado un plazo de 12 meses desde la publicación en el Diario Oficial.

Las viviendas usadas ya están exentas bajo la Ley 20.780 y no se ven afectadas por esta medida.

El discurso del 15 de abril anuncia la exención del pago de contribuciones de bienes raíces a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años, de carácter estructural (no transitoria).

El Ministerio entregará aportes para compensar al Fondo Común Municipal por la pérdida de recaudación.

Detalles operativos pendientes en el texto legal: eventual tope de avalúo fiscal, requisitos de residencia efectiva y cronograma de entrada en vigor.

Verbatim del discurso: "Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas dos décadas".

El discurso no fija un año específico de llegada al 23%. Prensa económica estima un horizonte hacia 2029, sujeto a lo que indique el texto legal.

La Comisión Marfán (citada por Ignacio Briones) estima que cada punto menos de IDPC implica aproximadamente +0,65 puntos de PIB a largo plazo.

Verbatim del discurso: "reintegraremos gradualmente el sistema tributario: el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades".

Regresa conceptualmente al esquema integrado vigente en Chile antes de la Reforma Tributaria de 2014.

El crédito por el impuesto corporativo se imputa íntegramente contra el Impuesto Global Complementario del socio o accionista final.

Verbatim del discurso: "reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más".

Régimen similar existió en Chile hasta mediados de los 2000s bajo el DL 600 (Estatuto del Inversionista Extranjero), que fue derogado con la Reforma Tributaria de 2014.

Funciona como un "contrato-ley": el inversor paga las tasas conocidas al momento de la inversión por el plazo del estatuto, con escudo frente a cambios adversos posteriores.

Verbatim del discurso: "abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del siete por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país".

Es una única ventana de 12 meses, no dos (contrario a reportes iniciales de prensa tras el anuncio del 14 de marzo).

El beneficio del 7% es condicional: exige mantener la inversión en Chile. Si los capitales salen del país dentro del plazo, se pierde el régimen preferente.

El proyecto crea un crédito tributario por pago de remuneraciones, que opera como devolución parcial a empleadores por las cotizaciones de trabajadores formales.

El Ministro Quiroz lo calificó en Lirquén (14 de marzo 2026) como "el programa de apoyo al empleo más grande implementado en los últimos 30 años".

La inyección de liquidez estimada es de US$ 1.400 millones al año y alcanza a 235 mil PYMEs y 4 millones de trabajadores formales, según cifras del discurso.

Verbatim del Ministro Quiroz en el seminario del Diario Financiero del 19 de marzo de 2026: "a más de tres viviendas, pero de 90 m2 o menos, y va a tener un impuesto moderado, pequeño en calidad de único que estimamos preliminarmente en 5%".

Hoy el DFL2 permite beneficios tributarios para viviendas económicas con límite de dos por persona. El proyecto amplía ese tope superando las tres, manteniendo restricción de superficie.

Beneficios DFL2 históricos: exención del 50% de contribuciones, exención del impuesto a los ingresos por arriendos bajo ciertos límites y rebajas en el impuesto a las herencias.

Verbatim del discurso: "Este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada".

Cubre a damnificados de los incendios de Valparaíso (2024) y de Ñuble y Biobío (enero de 2026).

Incluye rebaja transitoria del 50% al impuesto a las donaciones destinadas a financiar reconstrucción.

Verbatim del discurso: "los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron noventa por ciento en una década" — los estudios pasaron de cerca de 560 días a más de 1.100 días.

Reduce el plazo legal para invalidar permisos ya otorgados: de 2 años a 6 meses, con el objetivo de limitar litigios tardíos.

Si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, deberá reembolsar los gastos ya invertidos por el titular del proyecto.

Complementa el subsidio al empleo formal (medida #7) con foco específico en PYMEs, manteniendo vigente el régimen Pro Pyme del artículo 14 D) del DL 824.

Opera como devolución sobre la carga tributaria de remuneraciones, mejorando la liquidez operacional de las empresas más pequeñas.

Forma parte de los US$ 1.400 millones anuales que el discurso atribuye al paquete de empleo.

Verbatim del discurso: "estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste en los presupuestos ministeriales".

Contexto citado por el presidente: "en 16 de los últimos 18 años Chile tuvo déficit estructural" y la deuda pública pasó de US$ 7.600 millones en 2006 a más de US$ 155 mil millones hoy.

El proyecto formaliza el marco de disciplina fiscal y establece compromisos de equilibrio estructural al 2030.

Esta medida forma parte del paquete general anunciado por el gobierno, pero no aparece de forma explícita y textual en el discurso del 15 de abril. Su detalle dependerá del articulado del proyecto.

La oposición del Frente Amplio y del PS ha anticipado su rechazo a esta medida específica en prensa económica.

Su impacto fiscal concreto será cuantificable una vez conocido el texto legal.

Verbatim del discurso: "este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público".

Objetivo declarado: generar movilidad y recambio generacional en la administración pública.

El número absoluto de cupos y los montos de los incentivos específicos quedan para el articulado.

Si el Estado revoca una resolución o concesión ambiental o administrativa favorable, deberá reembolsar los gastos ya invertidos por el titular del proyecto.

Busca corregir casos de alto perfil donde titulares recibieron autorizaciones y luego fueron invalidadas por vía administrativa o judicial.

Complementa la reforma al SEIA (#10) en la línea de aumentar la certeza regulatoria percibida por el inversor.